El juez que procesó a Tapia y Toviggino por no pagar impuestos pidió investigar la compra de la mansión de Pilar

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien procesó al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por no pagar 19.300 millones de impuestos y aportes previsionales, pidió también investigar la causa por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a los dirigentes.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado consideró que ambas causas están vinculadas y que deben tramitar en su juzgado porque su expediente está más avanzado y tiene una pena mayor.

“En este escenario, la concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”, consideró Amarante.

Así, el juez le pidió a su colega Penal Económico Verónica Straccia, quien recibió la semana pasada la causa de la mansión, que le envíe el expediente. La jueza puede negarse y en ese caso resolverá la Cámara en lo Penal Económico. Pero además, las acusados pueden objetarse la decisión y también hacer sus presentaciones.

La mansión de Pilar -105 mil metros cuadrados, helipuerto, cancha de paddle- está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Luía Conte a través de la sociedad Real Central SA. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla y las sospechas es que son prestanombres de Toviggino, de quien se encontraron varios elementos en la propiedad: un bolso con su nombre, una plaqueta del club Barracas Central y los 54 autos de lujo y colección que había en el lugar tenían cédulas azules –que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

La causa comenzó el año pasado y pasó por varios jueces. Primero estuvo a cargo del magistrado federal Daniel Rafecas que allanó la propiedad. Luego pasó al juzgado Penal Económico 10 que subrogaba Marcelo Aguinsky, quien planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA. Aguinsky determinó que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la gastaba 50 millones de pesos por mes y pagaba los Telepase de los autos.

Pero la defensa de Pantano y Conte reclamaron que la investigación pase a la justicia federal de Campana porque tenía jurisdicción sobre Pilar. Un fallo remitió el caso ahí y quedó a cargo del juez Adrián González Charvay.

Todos los fiscales apelaron esa decisión y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se dicte una nueva resolución. Así, la Cámara Penal Económico dispuso que la causa regrese al juzgado 10, ahora a cargo de Straccia. Ese tribunal está vacante con la posibilidad de que se cubra con un titular.

Amarante procesó a Tapia y a Toviggino –que tres veces recusó al juez– por la retención indebida por parte de la AFA de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes previsionales, lo que fue confirmado por la Cámara. Esa causa se inició por una denuncia de ARCA que la amplió para que se investigue el uso de facturas falsas por parte de la AFA para justificar gastos inexistentes.

En ese contexto, el juez recibió una nueva denuncia y consideró que todos los expedientes deben tramitar en su juzgado. El fiscal Claudio Navas Rial se opuso.

“A criterio del suscripto no existe controversia alguna respecto de que en ambas causas se configura el referido supuesto de conexidad subjetiva”, sostuvo y agregó que en la causa de la mansión de Pilar se investiga “un complejo entramado societario y de relaciones económica entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional, situación que merece un análisis y diligencia especial para su investigación”, lo que se vincula a sus expedientes.

Asi, para Amarante se dan los requisitos para pedir el expediente. Por un lado, la causa de evasión tiene penas de prisión mínimas más altas que la de la mansión y que su investigación está más avanzada. La causa por la retención indebida tiene una “intensa actividad probatoria desplegada y con el dictado de resoluciones de mérito”, mientras que la de la casa de Pilar “se encuentra en una etapa inicial, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento respecto de la situación procesal de los imputados”.